Casi el 30 % de la población ecuatoriana vive en zonas expuestas a altos niveles de aplicación de pesticidas.
Se espera que para 2025, entre 5,3 y 5,5 millones de ecuatorianos vivirán en áreas con altos niveles de aplicación de pesticidas. Esta es la estimación a la que llegó un grupo de científicos de instituciones como la Universidad de British Columbia y la Universidad de Stanford en un estudio publicado en la revista científica GeoHealth en julio de 2023.
Ante las estadísticas, la Constitución del Ecuador en el artículo 281, numeral 13 establece que «La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos (…). Para ello, será responsabilidad del Estado: Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados (…)».
A su vez, el artículo 397, numeral 3 asegura «Estado regulara la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente (…)». Por ello, nace la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD), como una institución pública adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería que garantiza la sanidad del sector agropecuario y la inocuidad de los alimentos.
Sin embargo y a pesar de contar con una tabla de índice de toxicidad de cuatro rangos: I Rojo (extremadamente tóxico), II Amarillo (altamente tóxico), III Azul (moderadamente tóxico) y IV Verde (ligeramente tóxico); que aseguraría la calidad de productos hay una disonancia con los vendedores promueven entre los agricultores al uso de pesticidas incluso con bajas densidades de plagas como «medidas preventivas».
Un estudio realizado entre la academia y organizaciones internacionales; y un equipo dirigido por Olivier Dongles, lograron ilustrar los efectos negativos de la aplicación de químicos en el lupino ecuatoriano. En dichas investigaciones se reflejó que la abundancia natural de polinizadores aumenta la producción en un 15-20% (Cárdenas et al., en prep.), es decir que el uso de pesticidas no solo es costos, perjudiciales para la salud de los agricultores, sino que a su vez pueden afectar negativamente a los rendimientos por su efecto prolongado en la superficie colocada. Además, que la aplicación de pesticidas mata primeramente los insectos beneficiosos (eg polinizadores), antes que las plagas (Mina et al., en prep). Otro estudio del mismo equipo de investigación realizado en 3 países de Latinoamérica, (incluido Ecuador); revelo que el 88% de las recomendaciones de vendedores de químicos, frente a 20 plagas diferentes en 11 cultivos; eran incorrectas (Struelens et al., 2023).Es importante tener en cuenta que la exposición a plaguicidas es un problema latente, pero silencioso.
Segundo Chusin, habitante de la comunidad de Chugchilán no entendía como su enjambre de abejas, polinizadores naturales, se morían sin una razón aparente. Y para su sorpresa esto era el resultado de los plaguicidas que se habían colocado en los cultivos de los territorios que colindaban con el suyo.
Experiencias como la de Segundo y el anhelo de varios agricultores de la comunidad por cuidar su salud y la de los suyos, son el corazón que impulsa el proyecto O´wasis libres de químicos en Guayama Grande. Para este primer año, un total de 12 propietarios de 23 parcelas se unieron al compromiso de trabajar en un oasis donde se nutre la tierra con su propio abono orgánico y biopesticidas elaborados en la comunidad. Apoyados por el proyecto O’wasis que también tiene como socio a Swissaid se instruirán en temas de agroecología mediante su nueva escuela de educación campesina para adultos y jóvenes.
El proyecto inició en 2024 dirigido por el Instituto de Investigación por el Desarrollo (IRD) y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y el financiamiento de la Fundación Mcknight dentro del programa CRFS, que busca rehabilitar y de ser posible se reinserta en su hábitat natural, fauna silvestre que haya sido afectada por causas naturales y/o humanas (sobre todo por el uso de pesticidas).
El proyecto entro en marcha con la firma de estatutos que reafirman el compromiso de los 12 agricultores, así como la elección de una cuidadora del bosque (chakrakama), que se encargará de monitorear el territorio para poder tener cubiertas las necesidades de la comunidad.
A su vez, contarán con asesoría para contar con biopesticidas, productos con sello verde y la instrucción de metodologías agrícolas sostenibles dentro de su escuela agrícola.
Conoce a las caras detrás de este proyecto de conservación en nuestra entrevista.
Encuentra más información en:
Concept note – Olivier Dangles & Diego Mina – IRD/PUCE – 6 May 2023
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2022GH000775
