Latinoamérica, una de las regiones más ricas en biodiversidad del planeta, se encuentra ante una oportunidad histórica en la próxima Cumbre de Biodiversidad (COP16) que se celebrará en Colombia en octubre de 2024. Organizaciones de la sociedad civil en la región han alzado la voz para exigir una conservación más inclusiva, que involucre a grupos étnicos y comunidades locales en la toma de decisiones sobre la gestión de las áreas protegidas.
América Latina y el Caribe cuentan con 5 millones de kilómetros cuadrados de áreas protegidas terrestres y 10,7 millones de kilómetros cuadrados de áreas marinas. Sin embargo, solo el 6,19% de estas áreas cuenta con una gobernanza que integre la participación de pueblos indígenas y campesinos, a pesar de que alrededor del 60% de los territorios con alta integridad ecológica están bajo la titularidad de estas comunidades. Este déficit en la inclusión de los actores locales en la conservación es una paradoja que debe ser abordada con urgencia.
La conservación inclusiva, un enfoque que reconoce la importancia de la participación comunitaria en la gestión de los ecosistemas, es clave para enfrentar los retos que atraviesa la región en términos de gobernanza y falta de financiamiento adecuado. Casos como el de la Amazonia colombiana, donde las comunidades indígenas han gestionado sus territorios en ausencia del Estado, o el liderazgo ambiental de los pueblos afrodescendientes en el Chocó biogeográfico, demuestran que la conservación inclusiva no solo es posible, sino también necesaria.
Para hacer realidad este modelo de conservación, la sociedad civil latinoamericana ha identificado una serie de desafíos urgentes que deben abordarse:
1. Fortalecer la gobernanza en áreas protegidas: Es necesario asegurar que los grupos étnicos y las comunidades tengan un rol activo y equitativo en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de los territorios que habitan.
2. Movilizar recursos: La inversión en conservación inclusiva debe ser una prioridad, proporcionando a las comunidades locales las herramientas físicas, técnicas y de gestión necesarias para fortalecer sus capacidades organizacionales.
3. Distribución equitativa de beneficios: Los esfuerzos de conservación deben generar beneficios tangibles, como oportunidades económicas y mejoras en la calidad de vida para las comunidades que dependen de estos territorios.
El llamado de la sociedad civil es claro: la conservación de la biodiversidad en Latinoamérica no puede desligarse de la equidad y la justicia ambiental. Las comunidades locales, incluidas las mujeres y las juventudes, deben ser líderes en estos esfuerzos, y su bienestar debe estar en el centro de cualquier estrategia de conservación. Con la COP16 a la vuelta de la esquina, este es el momento para que los líderes globales y regionales reconozcan la importancia de una conservación inclusiva y sostenible.
América Latina tiene una responsabilidad única en la lucha contra la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. El éxito de estos esfuerzos dependerá de que la región no solo proteja sus recursos naturales, sino también garantice que las personas que dependen de ellos estén involucradas en su conservación. En palabras de las organizaciones de la sociedad civil, «solo con la gente es posible».
