El Congreso chileno avanza en la aprobación de una reforma a la Ley de Migraciones que busca modificar 56 artículos de la normativa vigente. La iniciativa, aprobada en la Cámara de Diputados y en espera de ser discutida en el Senado, endurece las condiciones de ingreso, permanencia y nacionalización para los extranjeros en el país, así como establecer nuevas causales de expulsión.
Las nuevas causas de expulsión son las conductas como ruidos molestos, comercio ambulante, infracciones de tránsito, arrojar residuos desde vehículos y estacionar en lugares no permitidos serán motivo de expulsión si se cometen tres o más veces en un año. Delitos más graves, como explotación sexual, sicariato y porte ilegal de armas, también se incluyen como causales de expulsión inmediata.
Los requisitos de nacionalización se volvieron más estrictos; El periodo mínimo de residencia aumentará de cinco a diez años para optar por la nacionalización chilena. La nacionalidad podrá ser revocada en caso de condenas por delitos o faltas reiteradas y contarán con acceso condicionado a los servicios básicos.
Los inmigrantes en situación irregular deberán obtener su DNI para acceder a servicios gratuitos en centros de salud. Se mantiene el derecho de los menores extranjeros a la educación preescolar, básica y secundaria, pero se elimina el acceso a instituciones de educación superior y la posibilidad de optar por gratuidad universitaria en igualdad de condiciones con los nacionales.
Cada inmigrante tendrá una evaluación personalizada antes de la expulsión, el Servicio de Migraciones evalúa factores como la gravedad del delito, antecedentes penales, tiempo de residencia en el país y redes familiares antes de decidir una expulsión.
Los congresistas aseguran que esta reforma busca “mejorar la convivencia” y proteger los derechos de los nacionales sin desmedro de los derechos de los inmigrantes. Defienden que las medidas promueven una gestión migratoria más ordenada y justa. Críticos señalan que algunas causales, como los ruidos molestos o el comercio ambulante, podrían ser desproporcionadas para justificar una expulsión. La eliminación del acceso igualitario a la educación superior es vista como una barrera al desarrollo de los inmigrantes.
De aprobarse en el Senado, esta ley endurecerá significativamente las condiciones para los migrantes en Chile, en un contexto de aumento de la inmigración irregular y tensiones en la gestión migratoria. Se espera que la reforma sea debatida ampliamente por su impacto potencial en derechos fundamentales y en la convivencia social.
