Donald Trump, quien retomará la presidencia de Estados Unidos en enero, planea implementar medidas radicales contra la migración. Su estrategia incluye declarar el estado de emergencia nacional y emplear al ejército para ejecutar lo que califica como “la mayor operación de deportación en la historia del país”.
El exmandatario republicano, de 78 años, ha justificado estas acciones afirmando que la entrada de migrantes sin visa por la frontera sur representa una «invasión» que afecta a Estados Unidos. Sus declaraciones, cargadas de términos despectivos, han generado preocupaciones tanto en defensores de derechos humanos como en economistas por el impacto social y económico de estas políticas.
Entre los pilares de su plan destacan:
- Invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar medidas extremas.
- Retomar la construcción del muro fronterizo y sellar la frontera con México.
- Contratar 10,000 nuevos agentes para el control migratorio.
- Revivir el programa “Quédate en México”, obligando a los migrantes a esperar fuera del país mientras se resuelven sus procesos.
- Prohibir las ciudades santuario y eliminar beneficios sociales a migrantes en situación irregular.
- Restringir programas como el TPS (Estatus de Protección Temporal) y limitar vías legales de ingreso.
Estas medidas, calificadas por organizaciones como un ataque frontal contra más de 11 millones de migrantes indocumentados, se sumarían al trabajo de Tom Homan, designado por Trump como “zar de la frontera”, y conocido por sus políticas duras contra los migrantes durante la administración previa.
Diversos estudios señalan que esta deportación masiva podría costar hasta 88,000 millones de dólares anuales, alcanzando casi un billón en una década. Además, economistas advierten que la expulsión de trabajadores migrantes afectaría gravemente a sectores clave de la economía, ya golpeada por la falta de mano de obra.
Aunque Trump busca dar pasos acelerados para cumplir sus promesas, su historial sugiere que los tribunales podrían ser un obstáculo importante. Durante su primer mandato, intentó sin éxito eliminar el programa DACA, que protege a migrantes llegados en su infancia.
Además, organizaciones de derechos humanos temen que estas políticas intensifiquen el sufrimiento de familias migrantes, especialmente niños, quienes ya enfrentan precariedad y riesgos en su travesía hacia Estados Unidos.
Con la designación de figuras como Kristi Noem en Seguridad Interior y Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional, Trump ha dejado claro que está dispuesto a avanzar con políticas de mano dura, pese a las críticas. Sin embargo, el verdadero alcance de estas medidas dependerá de las batallas legales y del costo político que podrían generar.
