Los aviones privados, símbolo de exclusividad y lujo, están dejando una preocupante huella ambiental. Según dos recientes estudios, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas por la aviación privada aumentaron casi un 50% entre 2019 y 2023, reflejando el creciente uso de estos vehículos por parte de los ultra ricos, principalmente para viajes de placer.
Los datos recopilados de más de 18,5 millones de vuelos privados muestran que estas aeronaves generaron 15,6 millones de toneladas de CO2 en 2023. Este volumen representa un aumento del 46% respecto a 2019 y equivale al 1,8% de las emisiones totales de la aviación comercial.
Cada vuelo privado produce, en promedio, 3,6 toneladas de CO2, mientras que algunos usuarios regulares generan hasta 500 veces más emisiones anuales que un individuo promedio.
Gran parte de estos vuelos se concentran en destinos turísticos de alto perfil, con un notable aumento durante los meses de verano. En 2023, las llegadas en jets privados a destinos como Niza, Ginebra y Palma de Mallorca aumentaron un 250% en julio, acumulando más de 520,000 toneladas de CO2 en el año.
Además, eventos internacionales como la COP28 en Dubái (644 vuelos privados) y la Copa Mundial de la FIFA 2022 (1,846 vuelos privados) también registraron picos significativos de emisiones.
Organizaciones como Greenpeace han señalado la desigualdad que representa este comportamiento, destacando que mientras el mundo enfrenta sequías, inundaciones e incendios forestales provocados por el cambio climático, los jets privados son utilizados para viajes que podrían realizarse en trenes o transbordadores, especialmente para trayectos de menos de 250 km.
Clara Thompson, de Greenpeace Alemania, subrayó que un solo vuelo en jet privado puede emitir tanto CO2 como las emisiones anuales relacionadas con la energía de un ciudadano europeo promedio.
Para abordar esta crisis, Greenpeace sugiere:
- Prohibir los jets privados debido a su desproporcionado impacto ambiental.
- Implementar un impuesto al patrimonio de multimillonarios para financiar bienes públicos como transporte público eficiente y viviendas accesibles.
