Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás en octubre de 2023, la situación en Gaza ha atraído fuertes críticas de organizaciones no gubernamentales y la comunidad internacional. Human Rights Watch (HRW) y Médicos Sin Fronteras (MSF) han publicado informes que denuncian presuntos «actos de genocidio» y «limpieza étnica» en la Franja de Gaza, acusaciones que el gobierno israelí rechaza categóricamente.
HRW publicó un informe en el que señala que Israel ha impuesto condiciones de vida en Gaza que resultan en miles de muertes civiles, incluyendo la restricción del acceso al agua potable. Según la organización, estas acciones podrían interpretarse como una forma de exterminio y actos de genocidio, aunque reconocen que probar una intención genocida requiere un alto estándar jurídico.
El informe también menciona declaraciones del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, quien ordenó un «asedio completo» de Gaza, indicando que no habría «electricidad, comida, agua ni combustible». HRW destaca que la falta de agua ha generado enfermedades mortales, especialmente entre lactantes, y que infraestructuras clave, como embalses, han sido destruidas.
MSF documentó 41 ataques directos contra su personal, incluidos bombardeos a instalaciones médicas y disparos contra convoyes humanitarios. El informe resalta cómo el asedio israelí ha reducido drásticamente la ayuda humanitaria disponible en Gaza, exacerbando la crisis de salud pública.
La organización describe estas acciones como «señales evidentes de limpieza étnica», señalando el desplazamiento forzoso de miles de palestinos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel calificó los informes como «mentiras» y rechazó las acusaciones de genocidio. El ejército israelí también negó las afirmaciones, asegurando que no ataca a personal médico ni civiles no implicados en actividades terroristas.
Por su parte, Estados Unidos expresó su desacuerdo con la calificación de genocidio, argumentando que no se cumplen los estándares internacionales para tal acusación.
Según cifras de Hamás, la campaña militar israelí ha causado más de 45,000 muertes en Gaza, cifras que la ONU considera confiables. Del lado israelí, los ataques de Hamás han resultado en la muerte de 1,208 personas, incluyendo rehenes.
Las acusaciones contra Israel reflejan la polarización en torno al conflicto y plantean preguntas urgentes sobre el respeto a los derechos humanos en escenarios de guerra. Si bien organizaciones como HRW y MSF demandan una respuesta inmediata para garantizar agua, electricidad y combustible en Gaza, el gobierno israelí insiste en que sus acciones están dirigidas contra amenazas terroristas. La comunidad internacional enfrenta el desafío de equilibrar las denuncias de posibles crímenes de guerra con el contexto de seguridad regional, mientras miles de civiles siguen pagando el precio más alto.
