En un contexto marcado por la mayor crisis ambiental de su historia, Bolivia ha destinado solo el 0,04% de su presupuesto de inversión pública de 2025 a proyectos relacionados con la conservación ambiental. Esta cifra equivale a apenas 1,7 millones de dólares, lo que ha desatado fuertes críticas de legisladores y especialistas que denuncian un enfoque estatal centrado en el extractivismo y la desatención de las áreas protegidas.
El Presupuesto General del Estado (PGE) refleja una clara preferencia por sectores extractivistas como hidrocarburos, minería y agropecuaria, que concentran cerca del 20% de la inversión pública. Según la senadora Cecilia Requena, este modelo es «insostenible» y «necio», ya que prioriza actividades que agotan recursos como el agua, mientras se descuidan sectores fundamentales para la conservación ambiental.
“Se sigue destinando recursos a industrias que destruyen el medio ambiente, ignorando los costos económicos y sociales de esta devastación”, señaló Requena en una entrevista.
El recorte presupuestario afecta directamente a varias áreas protegidas emblemáticas, como el Parque Nacional Madidi, reconocido por su biodiversidad única en el mundo. Estas zonas han sufrido reducciones de entre el 22% y el 35% en sus recursos, comprometiendo su capacidad de gestión y conservación.
En un año devastador para Bolivia, los incendios forestales arrasaron más de 10 millones de hectáreas de bosques y reservas naturales, dejando daños irreversibles en los ecosistemas y exacerbando la crisis climática.
El limitado presupuesto ambiental se presenta en un contexto de crisis económica, caracterizada por la caída de las reservas internacionales, la escasez de dólares y un presupuesto general reducido a su nivel más bajo en cinco años.
Además, el Gobierno evitó el debate parlamentario del presupuesto mediante un receso impuesto por el vicepresidente David Choquehuanca, lo que llevará a su aprobación por decreto. Esta medida también retrasó la discusión de la Ley de Distribución de Escaños Parlamentarios, clave para las elecciones de 2025.
Los especialistas coinciden en que este enfoque presupuestario y político pone en riesgo no solo los ecosistemas, sino también la capacidad del país para enfrentar crisis futuras. La senadora Requena advirtió que estas decisiones podrían tener repercusiones electorales.
“Es fundamental que los responsables enfrenten las consecuencias de esta devastación, que afecta no solo el medio ambiente, sino también el futuro económico y social del país”, sostuvo Requena.
El reducido presupuesto para el medio ambiente en Bolivia no solo refleja una política extractivista, sino que también amenaza con agravar una crisis ecológica que ya ha alcanzado niveles alarmantes. A menos que se implementen cambios estructurales, la sostenibilidad de los recursos naturales del país y la calidad de vida de sus habitantes seguirán en peligro.
