Desde el inicio del ataque ruso, el pasado 24 de febrero, Ucrania reporta, hasta el momento, la muerte de 2.000 civiles. Los ataques han acabado con edificios públicos y residenciales, estructuras de transporte, hospitales, guarderías, etc.
Por su parte, Rusia informa la baja de 498 militares y 1.600 heridos, según su ministerio de defensa. Vladimir Putin intensificó el ataque a Ucrania con armas cada vez más letales. Sus objetivos principales son la capital Kiev que tiene 2,8 millones de habitantes y Járkov, la segunda ciudad más importante, con 1,4 millones de personas; se trata de puntos claves para el control fronterizo a los que ya arribaron grupos de paracaidistas.
“Una vez más en el centro de Europa, mujeres, hombres y niños inocentes están muriendo o temen por su vida. Condenamos este ataque bárbaro”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La Unión Europea, en un comunicado, detalla sanciones y graves consecuencias por este enfrentamiento bélico que “abarcan al sector financiero, los sectores de la energía y el transporte, los productos de doble uso civil y militar, así como el control y la financiación de las exportaciones y la política de visados”. El flujo de refugiados por la violencia no cesa. Según la ONU, hasta este martes 1 de marzo, al menos 874.026 personas han abandonado sus hogares y habrían llegado a Polonia más de 300.000 ciudadanos.
Sobre los ecuatorianos residentes en Ucrania, 691 han decidido retornar al país, según la cancillería, haciendo uso de vuelos humanitarios coordinados. La mayoría han cruzado la frontera del país europeo, sin embargo, existen otros compatriotas que no desean retornar. “Tenemos 123 todavía en Ucrania, muchos de ellos no quieren salir. Estamos tratando casos uno a uno. Ya con los 123 es más fácil para nosotros establecer métodos de contacto permanente para convencerles de salir y volver”, aseguró el canciller Juan Carlos Holguín. Además, afirma que quienes permanecen en el país de conflicto han firmado una carta de descargo en la cual “estos ciudadanos se quedan bajo sus propios riesgos y responsabilidades”.