La desertificación, como resultado de diversos procesos relacionados con el mal uso del suelo y el cambio climático, se convirtió en una problemática de gran relevancia en Ecuador.
En su definición, es el proceso que consiste en la degradación que sufre una determinada área de suelo fértil por fenómenos climáticos o a causa de la acción del hombre. Esta transformación está estrechamente vinculada a la sequía.
Un aproximado del 18% del territorio ecuatoriano presenta un riesgo “moderado a alto” de sufrir sequías. Además, se estima que alrededor del 29% del Ecuador ha experimentado cierto grado de degradación “significativo”, según indicó a Revista Elements la Subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), Karina Barrera.
Contexto histórico
Desde 1995, Ecuador es signatario de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Sequía, lo cual ha llevado a la generación de informes y reportes sobre el impacto de la sequía en el país andino.
La sequía no es un fenómeno nuevo en el país. Su presencia puede remontarse a eventos registrados desde alrededor de 1900. Sin embargo, desde ese año en adelante, la sequía no siempre se denominaba como tal, sino que se asociaba con fenómenos culturales o religiosos.
De acuerdo con el Plan Nacional de Sequía (PNS) presentado en junio de 2021, entre los años 2001 y 2017, las pérdidas relacionadas con la sequía en Ecuador ascendieron a aproximadamente 424 millones de dólares, especialmente en cultivos como el maíz, el café y el cacao.
En cuanto al PNS, se han establecido proyectos y líneas de trabajo que buscan implementar una gobernanza local articulada con un sistema de monitoreo de sequía.
En este sentido, se ha obtuvo financiamiento para desarrollar un Monitor Nacional de Sequía que permite generar sistemas de alerta temprana y acciones puntuales en los territorios afectados. Además, a través del PNS el Estado ecuatoriano ha elaborado informes sobre la degradación de la tierra.
Áreas afectadas y acciones
Alrededor de 7.9 millones de hectáreas en Ecuador están degradadas, lo que corresponde al 32% del territorio.
A través del análisis de bases de datos históricos, se ha logrado identificar regiones específicas y la frecuencia de ocurrencia de la sequía.
“Lo que pudimos encontrar es que 7.900.000 millones de hectáreas de Ecuador se encuentran degradadas, encontradas en Manabí, Santa Elena, Loja y en la Amazonía norte como en Sucumbíos y Orellana. Son datos actualizados”, dijo Barrera.
Como parte del PNS, se han emprendido acciones para abordar la problemática de manera integral.
“Se han apalancado unos 4.5 millones de dólares de fondos GEF (Fondos para el Medio Ambiente Mundial) para articular acciones en los territorios más susceptibles a la sequía”, añadió la funcionaria.
Acciones para contrarrestar la sequía
Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha adoptado nuevas políticas agropecuarias enfocadas en la producción sostenible y la responsabilidad ambiental.
Desde esta cartera de Estado, se informó que la principal causa de la degradación de la tierra en el país ha sido la deforestación y la expansión “descontrolada” de la frontera agrícola.
Tatiana Paredes, directora de Riesgo y Aseguramiento Agropecuario del MAG, declaró a este medio que desde este Ministerio se impulsan acciones para promover el uso sostenible de los suelos, entre ellas; un proyecto de neutralidad de la degradación de la tierra, en colaboración con el Maate y otras instituciones, que busca producir de manera sostenible y conservar hectáreas de suelo productivo.
Además, se han establecido metas para capturar el carbono atmosférico y evitar su emisión a través de prácticas sostenibles, como sistemas silvopastoriles. La demanda del mercado y los efectos del cambio climático han impulsado este cambio en la política agropecuaria nacional.
A pesar de las múltiples acciones, el MAG ha registrado afectaciones parciales y totales en diferentes áreas del país. Durante el año 2022, la sequía y degradación de los suelos afectaron a aproximadamente 1.442 personas productoras de forma parcial y se afectaron 2.887 hectáreas de cultivos. En cuanto a hectáreas totales afectadas, se registraron 13 hectáreas y 85 productores.
En lo que va de 2023, se reportaron 1,069 hectáreas afectadas y más de 100 personas productoras afectadas por la sequía, aseguró Paredes. Los cantones más golpeados han sido Arenillas (El Oro), Celica (Loja) y Chaguarpanda (Loja).
“Nosotros queremos restaurar cuatro mil hectáreas y trabajar más de 4.750 hectáreas bajo un modelo de manejo sostenible de la tierra. Nosotros como MAG hemos implementado prácticas sostenibles, por ejemplo: una enmienda de suelo con el uso de humus con biofertilizantes y abonos orgánicos. Esto lo estamos llevando más a indicadores y a lineamientos de producción sostenible”, afirmó Paredes.
Fertilizantes orgánicos, ¿posible solución?
Fidel Martín es un empresrio ecuatoriano que comercializa desde el cantón La Libertad (provincia de Santa Elena) bioestimulantes naturales que impulsan la producción de cultivos.
Martín afirmó a este medio que el cambio climático en Santa Elena se siente “directamente” por los agricultores, ya que “han cambiado mucho los tiempos de siembra y cosecha de diferentes cultivos, fundamentalmente los de ciclos cortos, como el melón, sandía, pimiento, pepino y otros”, dijo.
Sin embargo, comentó que la sequía no es agresiva en la zona y que su bioestimulante ha ayudado a muchos clientes, ya que funciona como fertilizante orgánico, mejorando el sistema nutricional de las plantas y por ende; de sus suelos.
¿Y qué pasa en la Amazonía?
José Salazar, Magíster en Estudios Sociambientales de la Universidad Internacional SEK sede Quito, señaló a Revista Elements que la Amazonía ecuatoriana ha experimentado una intensa presión en el uso del suelo y su posterior degradación, a causa de la actividad petrolera en la zona y otras como la migración desde la década de 1960.
Desde hace 60 años, la oferta de trabajo en actividades relacionadas con el petróleo atrajo a numerosas personas a la zona, lo que a su vez impulsó la colonización y la deforestación en la parte norte de la Amazonía.
Según Salazar, las provincias amazónicas más afectadas por la actividad petrolera y su crecimiento poblacional actual son Sucumbíos y Orellana. La falta de planificación y el crecimiento acelerado de la población también contribuyeron a la problemática de degradación del suelo en la región.
Un estudio realizado en 2020 por Salazar y su equipo analizó el uso del suelo futuro en la cuenca amazónica del río Capucuy desde la década de 1960 hasta 2017, proyectando su uso futuro hasta 2026.
Los resultados revelaron una importante degradación de los bosques locales, pasando de una ocupación del 98% en la década de 1960 a menos del 75% en la actualidad. Gran parte de esos bosques fueron convertidos en tierras agrícolas, explicó el académico.
En cuanto a la productividad de los suelos en la región, se encontró que si bien existen suelos con cierta fertilidad en Sucumbíos debido a la influencia de las inundaciones del río Napo, estos suelos no son aptos para la agricultura en muchas temporadas del año.
La producción agrícola en la Amazonía es baja en comparación con la costa del país, refirió Salazar, y las grandes extensiones de tierra disponibles en la Amazonía no son utilizadas de manera eficiente debido a la “falta de experiencia y la dependencia histórica y económica hacia la industria petrolera”, concluyó.
Victor Vergara/
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