La instalación de una base militar estadounidense en las Islas Galápagos, oficializada el 10 de diciembre de 2024, ha generado críticas en Ecuador por su impacto en la soberanía nacional y el ecosistema único del archipiélago. Este paso, justificado por el gobierno de Daniel Noboa como una medida para combatir el narcotráfico y la pesca ilegal, reabre el debate sobre la presencia militar extranjera en el país y sus implicaciones a nivel ambiental y político.
La Constitución de 2008 prohíbe explícitamente la instalación de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano, una medida que se implementó tras el cierre de la base estadounidense en Manta en 2009. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano utilizó los tratados SOFA (Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas) para permitir la presencia militar, argumentando que la cooperación no implica una violación constitucional.
El Tribunal Constitucional respaldó la decisión, a pesar de que la Asamblea Nacional se negó a eliminar el artículo que prohíbe bases extranjeras. Críticos como el ex vicecanciller Fernando Yépez consideran que esto representa un acto de “servilismo colonial” que compromete la soberanía nacional.
Las Islas Galápagos, reconocidas por su biodiversidad y como patrimonio natural de la humanidad, enfrentan nuevos riesgos ambientales con la llegada de infraestructura militar. A pesar de las garantías de protección ambiental, activistas como Cristina Cely señalan que las operaciones militares históricamente no han respetado las normas de conservación.
La instalación de esta base también fortalece la presencia estratégica de Estados Unidos en el Pacífico, una región clave en el contexto de tensiones geopolíticas con China. Según el excandidato presidencial Andrés Arauz, la base responde más a intereses globales de Washington que a la lucha contra el narcotráfico, sugiriendo que su ubicación estratégica podría jugar un papel en futuras confrontaciones globales.
El antecedente más cercano a esta situación es la base de Manta, que operó durante una década bajo el Plan Colombia, con resultados cuestionables en la lucha contra el narcotráfico. Según datos, durante ese periodo, la violencia aumentó y se documentaron violaciones a derechos humanos, como el hundimiento de embarcaciones de migrantes.
A nivel internacional, este movimiento forma parte de la red global de más de 750 bases militares estadounidenses, fortaleciendo la influencia de EE. UU. en una región estratégica.
La base militar ha polarizado a la sociedad ecuatoriana, con sectores políticos, sociales y ambientales denunciando la falta de consulta pública y la violación de las normas de protección especial en Galápagos. Por otro lado, el gobierno defiende la medida como necesaria para fortalecer la seguridad marítima y combatir el crimen transnacional.
Con las elecciones presidenciales de 2025 en el horizonte, el despliegue militar en Galápagos podría convertirse en un tema central en la agenda política del país. El resultado definirá el rumbo de esta controvertida decisión y sus implicaciones para Ecuador.
