En Argentina, la gestión de residuos industriales y patogénicos enfrenta un panorama alarmante: menos del 10% de estos desechos reciben el tratamiento adecuado, según datos de la Cámara Argentina de Tratamiento de Residuos Industriales para la Protección Ambiental (CAITPA). En 2022, de los 18,2 millones de toneladas generadas, solo el 7,1% fue correctamente tratado, mientras que el 93% restante terminó en vertederos ilegales o fue manejado de forma inadecuada, afectando gravemente al medio ambiente y la salud pública.
Los residuos mal gestionados liberan sustancias tóxicas al aire, agua y suelo, poniendo en peligro tanto la biodiversidad como la calidad de vida de comunidades cercanas. Particularmente, los desechos patogénicos provenientes de hospitales y farmacéuticas representan un riesgo sanitario específico para trabajadores y población general.
La CAITPA, fundada tras la sanción de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos en 1991, trabaja para promover una economía circular, actualizar normativas ambientales y fomentar buenas prácticas en la recolección, transporte y tratamiento de residuos. En colaboración con universidades como la UBA y la UNR, también ha creado el primer índice nacional de gestión y tratamiento de residuos peligrosos.
Gracias a avances tecnológicos, el sector ahora puede procesar más residuos con mayor eficiencia y recuperar materiales previamente considerados irrecuperables. Esto no solo reduce la cantidad destinada a vertederos, sino que también impulsa la economía circular al reincorporar materiales reciclados en procesos industriales.
Gustavo Solari, presidente de CAITPA, subraya la importancia de la innovación, la educación y el desarrollo sostenible como claves para enfrentar los desafíos futuros. Asimismo, la cámara celebra 30 años liderando la protección ambiental y la mejora continua de prácticas en el sector.
El camino hacia una gestión adecuada de residuos requiere no solo inversiones en infraestructura y tecnología, sino también un cambio cultural. Es crucial que la sociedad adopte prácticas responsables y participe activamente en el cuidado del medio ambiente, mientras el sector público y privado trabajan en la mejora de políticas públicas y herramientas de control.
