Durante los últimos cinco años, Marta Valiñas ha liderado la misión de Naciones Unidas que investiga al gobierno del presidente Nicolás Maduro por presuntas violaciones de derechos humanos. Hasta el momento, el equipo de Valiñas ha documentado 850 casos graves que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas.
En su último informe, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela advirtió sobre una «campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedentes» tras las elecciones del 28 de julio, donde Maduro fue proclamado ganador sin mostrar las actas de votación. Esta represión se intensificó en el período postelectoral, con detenciones arbitrarias realizadas sin órdenes judiciales y basadas en videos o declaraciones encontradas en redes sociales.
El 11 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años el mandato de la misión con el voto a favor de 23 países, incluidas naciones como Argentina y Chile, mientras que 18 países se abstuvieron y 6 votaron en contra. La misión ha servido para respaldar el expediente “Venezuela I” de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga al gobierno de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Valiñas señaló que las prácticas represivas han tomado formas nuevas, como audiencias colectivas donde se imputan cargos graves sin individualizar la conducta de cada persona. Se ha documentado la detención de niños y adolescentes, algo sin precedentes, y se han registrado casos de violencia sexual en los centros de detención, con informes de abusos y coacción.
La misión de Valiñas no ha tenido acceso directo a las cárceles ni al territorio venezolano. A pesar de ello, se han documentado violaciones de derechos humanos a través de testimonios e informes de organizaciones civiles. El gobierno de Maduro ha rechazado los hallazgos de la misión, describiéndola como controlada por intereses externos. Sin embargo, los investigadores han insistido en que las violaciones documentadas constituyen crímenes de lesa humanidad bajo una política sistemática de represión contra opositores y críticos del gobierno.
El último informe destaca que la tortura y la violencia sexual son empleadas como métodos de castigo y humillación, con casos documentados de abusos sexuales contra hombres y mujeres detenidos. Las víctimas de estos actos a menudo no tienen acceso a abogados ni familiares, quedando en condiciones de vulnerabilidad extrema. Además, se ha señalado el uso de civiles armados, conocidos como «colectivos», que actúan en coordinación con las fuerzas estatales.
La renovación del mandato de la misión hasta 2026 envía un mensaje simbólico de apoyo a las víctimas y organizaciones de derechos humanos, manteniendo el tema de Venezuela en la agenda internacional. Valiñas destacó que el trabajo de la misión busca dar voz a las víctimas en foros internacionales y prevenir que la situación en el país sea olvidada. La esperanza es que, a largo plazo, los esfuerzos de la misión contribuyan a procesos de rendición de cuentas y justicia transicional en Venezuela.
A pesar de las barreras, la misión ha documentado graves violaciones de derechos humanos que pueden servir como base para futuras investigaciones judiciales internacionales. La situación en Venezuela continúa siendo crítica, con detenciones masivas, represión sistemática y condiciones de vida precarias que afectan a la población civil. La labor de la misión es fundamental para visibilizar estas violaciones y apoyar la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas.
