Esta actividad avanza sin control en la Amazonía ecuatoriana, por lo que pone en grave riesgo las áreas protegidas y las comunidades indígenas. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) y la Fundación Ecociencia, la deforestación provocada por la minería en el río Punino, en la provincia de Napo, aumentó alarmantemente de 185 hectáreas en 2022 a 784 en 2023.
El agua de los ríos en la región muestra altos niveles de contaminación con metales pesados. Por ejemplo, en el río Napo, en Ahuano, se ha detectado un aumento en los niveles de aluminio, cobre y plomo, superando los valores referenciales para la preservación de la vida acuática y silvestre. El plomo, zinc y hierro también están elevados en el río Napo, en Puerto Napo, y el río Piocullín muestra niveles preocupantes de plata, aluminio, hierro y zinc.
El consumo de agua contaminada ha provocado enfermedades parasitarias y gastrointestinales en las comunidades locales. De 1,884 hogares en Chontapunta, 1,267 dependen del agua del río o esteros, y muchos no la tratan adecuadamente, lo que agrava los problemas de salud, especialmente entre los niños, que representan el 42% de la población local.
El uso de mercurio en las operaciones mineras ha generado graves problemas de salud para las comunidades que dependen del agua de los ríos afectados. Las comunidades afectadas continúan luchando por la protección de su territorio y la preservación de su salud y bienestar.
Desde abril de 2017 hasta septiembre de 2023, la actividad minera ha afectado 103.59 hectáreas en el área de influencia del río Anzu, equivalente a 14 campos de fútbol. Este impacto ha sido monitoreado por Ecociencia y respaldado por imágenes satelitales.
La minería ilegal en la Amazonía de Ecuador no solo destruye el ecosistema, sino que también pone en peligro a las comunidades indígenas y viola sus derechos. Es crucial que se tomen acciones más efectivas y coordinadas para frenar esta actividad y proteger la región amazónica y sus habitantes.
La mayoría de esta actividad minera se lleva a cabo ilegalmente, fuera de las concesiones autorizadas. Esta expansión amenaza el Área de Conservación Municipal El Chaco y se acerca peligrosamente al Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras. Las comunidades locales han reportado la presencia de disidencias de las FARC, que protegen a los mineros ilegales, incrementando así la violencia en la región.
En el río Punino, la deforestación se ha cuadruplicado en un año, alcanzando casi 784 hectáreas. El informe de MAAP y Ecociencia revela que el 90% de esta actividad es ilegal. Otras áreas, como Yutzupino y Arosemena Tola, también están experimentando devastaciones significativas. A pesar de operaciones militares como el operativo Manatí 3 en mayo de 2023, que involucró a 1500 efectivos y la destrucción de 34 máquinas de extracción, la situación no ha mejorado.
