Desde el marco normativo internacional de los derechos humanos, las naciones cuentan con la obligación de proteger, respetar y promover los derechos humanos, así como las libertades fundamentales sin distinción de género, sexo, etnia, etc. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible marca una ruta para hacer realidad las propuestas y lograr la igualdad de género.
En febrero de 2021, la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe reconoció que “la pandemia provocada por la enfermedad por coronavirus (COVID-19) tiene efectos sin precedentes en el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones —económica, social y ambiental— que han llevado a la mayor contracción de la actividad económica en la historia de la región, con un impacto desproporcionadamente alto en las mujeres y las niñas al profundizar los nudos estructurales de la desigualdad de género”; y solicitó que las políticas den solución a la recuperación de esta crisis, sobre todo, con la participación de mujeres víctimas de abuso laboral, violencia y desigualdad.
En Ecuador, desde 2018, se ha desarrollado la Mesa Técnica de Género y Cambio Climático, un espacio interinstitucional auto convocado para promover la igualdad de género en la gestión del cambio climático, a través de políticas públicas inclusivas. Hoy se da paso a la creación del Plan de Acción de Género y Cambio Climático, implementado por la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN) en coordinación con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Consejo Nacional para la igualdad de género.
Inés Arias, subsecretaria de Cambio Climático, asegura que “Ecuador es un país pionero en la integración de enfoque de género en la gestión del cambio climático, muestra de ello es contar con un plan de implementación de la primera contribución a nivel nacional, en el cual se encuentra 22 metas que responden a la transversalización del enfoque de género sectorial con un horizonte del año 2020 al 2025”.
