Una coalición de once estados republicanos, liderados por Texas, presentó una demanda federal contra BlackRock, Vanguard y State Street, tres de las gestoras de activos más grandes del mundo. Los estados acusan a estas empresas de violar leyes antimonopolio al implementar una agenda climática que supuestamente ha reducido la producción de carbón y aumentado los costos de la energía para los consumidores.
La demanda, presentada en el Tribunal Federal del Distrito Este de Texas, alega que estas empresas utilizaron su influencia en el mercado para presionar a los productores de carbón a reducir sus emisiones de carbono en más del 50% para 2030. Según los demandantes, esta estrategia habría limitado la competencia y elevado las facturas de electricidad para los ciudadanos.
“Los mercados competitivos, no las decisiones de gestoras ubicadas a miles de kilómetros, deberían determinar el precio de la electricidad en Estados Unidos,” argumentaron los fiscales generales en el documento.
Los estados demandantes solicitan al tribunal prohibir que BlackRock, Vanguard y State Street influyan en las votaciones de las juntas de accionistas de empresas de carbón y evitar que estas firmas adopten medidas que reduzcan la producción de carbón o limiten la competencia en el sector energético.
BlackRock desestimó las acusaciones, calificándolas de «infundadas y contrarias al sentido común». Hasta el momento, Vanguard y State Street no han emitido comentarios oficiales.
Estas tres gestoras de activos administran conjuntamente más de 26 billones de dólares en inversiones, otorgándoles una enorme influencia en las decisiones corporativas y de mercado.
La demanda es parte de un esfuerzo coordinado por representantes republicanos en varios estados para contrarrestar lo que consideran una interferencia de Wall Street en las políticas energéticas y climáticas. Además de Texas, otros diez estados, entre ellos Alabama, Misuri y Virginia Occidental, se han sumado a esta iniciativa.
Esta acción legal tiene el potencial de redefinir el papel de las grandes corporaciones financieras en la lucha contra el cambio climático. Por un lado, podría limitar su capacidad para influir en las políticas corporativas relacionadas con la sostenibilidad. Por otro, podría intensificar el debate sobre el equilibrio entre objetivos climáticos y costos económicos.
