A un año del referendo histórico en Ecuador, que ordenó detener la extracción de petróleo en el Bloque 43 del Parque Nacional Yasuní, el país enfrenta una carrera contra el tiempo. El gobierno tiene hasta el 31 de agosto de 2024 para cumplir con el mandato popular de cesar todas las actividades petroleras en esta área, pero las estadísticas muestran una preocupante falta de acción.
En agosto de 2023, los ecuatorianos votaron en una consulta popular para preservar una de las zonas más biodiversas del mundo, hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Esta decisión fue un hito global, subrayando la importancia de una transición justa hacia la descarbonización para enfrentar la crisis climática. Sin embargo, un año después, las operaciones en el Bloque 43 continúan prácticamente sin cambios, y el gobierno no ha tomado medidas concretas para cumplir con la voluntad del pueblo.
El presidente Daniel Noboa, en un intento de responder a la consulta, emitió en mayo de 2024 un Decreto Ejecutivo creando un comité ministerial encargado de supervisar el retiro ordenado de las actividades extractivas en el Yasuní. No obstante, a pocos días del plazo, los resultados son escasos. Las estadísticas sobre la extracción en el Bloque 43 revelan que la producción de petróleo no ha disminuido, lo que pone en duda la eficacia de las acciones gubernamentales.
“Durante una reciente visita a Ecuador, en mi calidad de Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias peligrosas y derechos humanos, fui testigo de la compleja realidad que enfrenta el país. En Latacunga, la capital de la provincia de Cotopaxi, participé en un evento sobre minería y sustentabilidad, donde quedó claro que las comunidades están divididas. Mientras unos temen por sus fuentes de agua y denuncian el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, otros ven en la extracción de recursos naturales una fuente necesaria de ingresos para enfrentar la creciente inseguridad” así lo relata Marco A. Orellana.
Este contexto de tensión se agrava con la persistencia de violaciones de derechos humanos vinculadas a la explotación de recursos naturales. Casos como el incumplimiento de la sentencia que ordenaba retirar los mecheros de quema de gases en la provincia de Sucumbíos, o la falta de implementación del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku, son ejemplos claros de cómo la actividad extractiva sigue vulnerando los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.
La falta de cumplimiento de los resultados de la consulta popular y de las sentencias judiciales no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también pone en riesgo el futuro sostenible de Ecuador. Es imperativo que el gobierno de Noboa actúe de inmediato para detener la extracción en el Yasuní y cumplir con el mandato popular. El respeto a los derechos humanos y al estado de derecho es esencial para construir un Ecuador capaz de enfrentar la crisis climática y avanzar hacia un desarrollo verdaderamente sostenible.
